El Gobierno insiste en que no se debe confundir las atenciones de programas sociales –que en 2024 alcanzaron a 55.088 personas– con un catastro real, ya que el Registro Social de Hogares (RSH) se basa en respuestas voluntarias.

Pero esta explicación, lejos de aclarar, refuerza la crítica: la ausencia de un catastro especializado refleja una falta de voluntad política para dimensionar el problema.

Isabel Lacalle, de la Corporación Nuestra Casa, revela que, según datos obtenidos por transparencia, 56 mil personas pasaron por programas estatales en 2024. “La oferta de programas es totalmente insuficiente”, sentencia. Andrés Millar, del Hogar de Cristo, coincide: “Si alguien estuvo una semana en la calle, debe contarse. El Censo no basta”.

Los datos oficiales muestran que el 83 por ciento de las personas en situación de calle son hombres, mayormente entre 45 y 59 años. Un 36 por ciento padece enfermedades crónicas, 11.291 son consumidores de alcohol y más de 6 mil de pasta base.

Además, un 79 por ciento no tiene información educacional registrada, aunque un 0,8 por ciento declara estudios universitarios. Estas cifras, aunque parciales, dibujan un panorama de vulnerabilidad extrema que el gobierno parece subestimar.

La administración Boric defiende el Censo 2024 como el “método más robusto”, pero expertos como Millar insisten en que un catastro especializado, como el realizado en 2017, es urgente. El anuncio de un nuevo estudio en 2022 quedó en nada, reemplazado por el Censo, que no satisface las demandas de precisión. “Es caro, pero el Estado no ha mostrado voluntad política para invertir en esto”, critica Millar.