En mayo, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, convocó a una Comisión Asesora de especialistas para identificar programas ineficientes.

Tras cuatro meses de trabajo "técnico y riguroso", los expertos entregaron 34 recomendaciones. Martínez prometió analizarlas y presentar un plan de acción detallado.

La promesa quedó en el papel. De los 124 programas que la comisión identificó como candidatos a eliminarse por bajo desempeño, el gobierno solo cerró 13. Peor aún: eliminó otros 15 programas que contaban con "recomendación favorable" de los expertos, sin justificación técnica aparente.

En total, el Ejecutivo planea cancelar 28 programas, de los cuales 23 son de oferta social.

Pero la contradicción es flagrante: mientras cierra iniciativas bien evaluadas, aumentó recursos a 66 programas de la lista de bajo desempeño y los redujo en 51 casos.

Esta gestión discrecional del presupuesto social revela que las decisiones responden más a cálculos políticos que a criterios técnicos.

El gobierno se escuda en el discurso progresista para criticar a la oposición, pero en la práctica recorta donde no debe y protege lo ineficiente.

Los chilenos merecen honestidad: si hay que ajustar, que sea con criterio. Lo que no se tolera es el doble estándar de un gobierno que predica una cosa y hace exactamente lo contrario.