Desde el oficialismo se buscó presentar la medida como una vía para superar divisiones, apelando al diálogo y la paz social. Sin embargo, en la práctica, el anuncio fue leído como un gesto político dirigido a sectores específicos de la derecha, debilitando la credibilidad del propio llamado a cerrar heridas.

Parlamentarios del Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista rechazaron de plano la iniciativa, advirtiendo que se trata de una señal que relativiza violaciones a los derechos humanos.

El cuestionamiento no solo apunta al fondo de la medida, sino también a la inconsistencia del Mandatario, quien anteriormente criticó con dureza indultos otorgados a manifestantes.

El debate escaló aún más cuando desde la oposición se alertó sobre posibles conflictos con tratados internacionales suscritos por Chile, que obligan a sancionar de manera efectiva este tipo de delitos.

La advertencia instala un flanco complejo para el Ejecutivo, al tensionar la facultad presidencial de indulto con compromisos jurídicos globales.

En este escenario, la ofensiva de Kast termina profundizando la fractura política en lugar de reducirla.

La reacción del Congreso deja en evidencia que, más que un gesto de reconciliación, la propuesta es vista como un retroceso en materia de justicia y responsabilidad estatal.