La gravedad de la situación obligó la intervención del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, cuyos especialistas realizaron peritajes en el lugar y confirmaron la presencia de material explosivo.

“Se dio cuenta al Ministerio Público, quien dispuso la concurrencia del GOPE, quienes, tras los peritajes de rigor, confirmaron la presencia de elementos explosivos”, señaló Gendarmería mediante un comunicado oficial.

La alerta se activó durante la mañana del viernes 22 de mayo, cuando funcionarios penitenciarios detectaron un objeto sospechoso adosado a una de las rejas de un módulo del recinto.

La fiscal jefa de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo, explicó que el paquete fue trasladado hasta la sala de armas de Gendarmería, donde se logró establecer que contenía explosivos.

Según detalló la persecutora, el GOPE determinó preliminarmente que los artefactos corresponden a elementos utilizados habitualmente en faenas mineras.

Tras el hallazgo, la Fiscalía instruyó diligencias a personal de Oricrim de Gendarmería para esclarecer cómo ingresó el material al penal y determinar la eventual participación de terceros.

“Se instruyeron diversas diligencias para poder establecer la existencia del delito y además la participación de él o los imputados”, indicó Quevedo.

En paralelo, Gendarmería ordenó registros exhaustivos tanto en celdas como entre la población penal para descartar la presencia de otros objetos peligrosos dentro del recinto.

La institución aseguró además que el procedimiento se realizó lejos de los módulos habitados por internos, por lo que el funcionamiento habitual del penal no se vio afectado.

El caso encendió nuevas alarmas sobre las condiciones de seguridad en los recintos penitenciarios del país y la capacidad de ingreso de elementos de alta peligrosidad a las cárceles chilenas.