El acuerdo de unanimidad, aunque no estipulado en el decreto presidencial que creó la comisión, fue una meta interna acordada en el reglamento, según Naveillán. En diálogo con La Tercera, explicó que su voto en contra de 18 de los 22 capítulos del informe se debió a la inclusión de temas como la restitución de tierras para nuevas poblaciones indígenas, lo que implicaría privilegios no contemplados en la ley. “Todos los chilenos pagamos esta cuenta.

No puede haber beneficios exclusivos para algunos”, afirmó, destacando la falta de equidad en las propuestas. Esta postura marcó un cambio respecto a su visión inicial, cuando valoraba el proceso por su búsqueda de consenso.

Sin embargo, la incorporación de puntos no discutidos previamente, como la revisión en cuatro años de 200.000 hectáreas para compensaciones sin fecha límite, fue un punto de quiebre.

Además, señaló la ausencia de informes clave sobre el impacto económico de los 4.000 millones de dólares estimados y la disponibilidad de tierras fiscales, lo que consideró irresponsable en un contexto económico complejo.

Otro aspecto controversial fue la propuesta de otorgar derechos de reclamación a comunidades sin titulación legal, creando un nuevo marco legal para acceder a compensaciones. Naveillán argumentó que esto vulnera el principio de igualdad ante la ley, ya que no todos los ciudadanos tendrían los mismos derechos. Este punto, junto con la falta de claridad en el cierre del proceso de restitución, lo llevó a rechazar la mayoría de los capítulos.

Pese a su oposición, Naveillán respaldó propuestas como la Ley de Reparación a las Víctimas, el desarrollo económico y la creación de un instituto lingüístico para comunidades indígenas. Sin embargo, criticó que más del 70 por ciento del trabajo de la comisión se enfocara en temas indígenas, relegando el desarrollo integral de La Araucanía. “El progreso debe beneficiar a todos, no solo a un grupo”, enfatizó, lamentando que el capítulo de desarrollo territorial no recibiera suficiente atención.

Aunque la votación reflejó una falta de acuerdo, Naveillán no considera que la comisión fracasara. A su juicio, el trabajo de recopilación de datos sobre hectáreas adquiridas, gastos estatales y limitaciones de la Ley Indígena fue valioso para futuras decisiones legislativas. No obstante, calificó el informe final como un fracaso por incluir temas no acordados y por su entrega sin consenso.

Finalmente, el dirigente expresó dudas sobre la capacidad del informe para resolver el conflicto mapuche, advirtiendo que la falta de un cierre claro podría prolongarlo. Confió en que el gobierno refuerce la seguridad en la región y combata la delincuencia, mientras se otorgan oportunidades de desarrollo a las comunidades indígenas sin restricciones legales.