1. Auditoría Total al Estado: Involucrar a la Contraloría General y firmas auditoras internacionales de renombre para revisar cada ministerio, subsecretaría, servicio y empresa pública. El objetivo era detectar sobreprecios, redes de operadores políticos y contrataciones indebidas.
2. Publicación Íntegra de los Resultados: Garantizar la transparencia publicando todos los hallazgos y enviándolos al Congreso.
3. Creación de un Comité de Seguimiento: Utilizar los recursos del Estado para dar seguimiento y asegurar la ejecución efectiva de las medidas correctivas necesarias. Además, se iniciarían los procesos administrativos y judiciales pertinentes.
4. Revisión de Contrataciones en el Estado: Examinar todos los contratos a honorarios y contrata suscritos en los últimos 12 meses, presumiendo que las contrataciones políticas debían estar debidamente justificadas para evitar su anulación.

¿Qué está haciendo el gobierno en su lugar?

Si bien la auditoría externa no se llevará a cabo, el gobierno ha iniciado una revisión interna. El 20 de marzo, se acordó que los servicios públicos remitan información sobre el uso de recursos fiscales entre 2025 y el 11 de marzo de 2026 en un plazo de 17 días.

Este proceso está siendo conducido por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, presidido por la subsecretaria General de la Presidencia, Constanza Castillo, e integrado por otros subsecretarios y representantes del Gabinete Presidencial.

Según Castillo, el presidente Kast ha solicitado conocer el estado real de la nación, y el gobierno está trabajando "con rapidez y con transparencia de cara a la ciudadanía".

Implicaciones y Perspectivas

La decisión de no llevar a cabo la auditoría externa genera interrogantes sobre el compromiso del gobierno con la transparencia prometida durante la campaña. Si bien la auditoría interna puede aportar información valiosa, la ausencia de una revisión independiente por parte de expertos internacionales podría limitar la capacidad de identificar y abordar problemas estructurales dentro del Estado.

La ciudadanía y la oposición estarán observando de cerca el desarrollo y los resultados de la auditoría interna para evaluar si cumple con las expectativas de transparencia y rendición de cuentas generadas durante la campaña presidencial. El futuro dirá si esta revisión interna será suficiente para satisfacer las demandas de una gestión pública más transparente y eficiente.