Las declaraciones difundidas subrayaron además la defensa de los principios básicos del derecho internacional, entre ellos la prohibición del uso de la fuerza, el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, la resolución pacífica de las controversias y el respeto por la integridad territorial. En ese sentido, se señaló que ninguna crisis política o institucional justifica operaciones armadas extranjeras.

El posicionamiento también apuntó a la necesidad de evitar una escalada del conflicto y de restablecer canales de negociación, entendiendo que la situación venezolana requiere soluciones políticas sostenibles y consensuadas, sin presiones militares ni condicionamientos externos.

La reacción regional se suma a otras voces internacionales que cuestionaron el accionar de Washington y reclamaron responsabilidad diplomática, en un escenario de alta tensión que volvió a poner en debate los límites de la política exterior estadounidense y su impacto en América Latina.