Desde el Ejecutivo califican la decisión como un “ajuste de eficiencia”, pero el recorte llega en medio de un sistema sanitario tensionado por listas de espera, déficit de especialistas, falta de infraestructura y sobrecarga laboral en hospitales y consultorios.

Entre los recintos con mayores disminuciones aparecen el Hospital Sótero del Río, el Hospital El Salvador y varios hospitales del Biobío. En el norte, el Hospital Regional de Antofagasta perderá cerca de 2.049 millones, quedando entre los diez establecimientos más golpeados por la reducción presupuestaria.

La situación genera especial preocupación en Antofagasta, una región donde la salud pública arrastra problemas estructurales, saturación en la atención primaria y escasez de camas.

A eso se suman altas tasas de cáncer y una creciente demanda asistencial en una zona marcada por la actividad minera.

Aunque el gobierno asegura que la atención clínica y los programas de salud no sufrirán impactos, trabajadores del sector advierten que menos recursos implican menos reemplazos, menos insumos y mayores niveles de sobrecarga para funcionarios y pacientes.

El ajuste en Salud ocurre además en medio de una política de reducción del gasto impulsada por la administración Kast, que también ha abierto cuestionamientos por eventuales efectos en educación y otros servicios públicos.

Mientras avanzan los recortes, gremios y organizaciones del sector han iniciado alertas y gestiones ante autoridades y parlamentarios.