Para el parlamentario, que Orrego use platas públicas para sus ambiciones políticas es “reprochable y repudiable”, una puñalada al fair play electoral y un abuso de poder que pone en jaque la legitimidad de su gestión.

Orrego, por su parte, salió a desmentir las acusaciones, pero sus palabras no han calmado las aguas. Republicanos ya dio un paso al frente y pidió al Tribunal Calificador Electoral (Tricel) que destituya al gobernador.

Undurraga, irónico, sugirió que Orrego debería “dedicarse a defenderse más que a gobernar”, porque este escándalo no solo mancha su imagen, sino que golpea la confianza en la institución del gobierno regional y en la tan mentada descentralización.

El diputado no se quedó ahí y apuntó también a los Consejos Regionales (CORES), acusándolos de “repartirse el botín” en un sistema que parece más preocupado por mantener contentos a los suyos que por velar por el bien común.

“Chile pidió descentralización, no gobernadores decorativos con chequera abierta”, disparó Undurraga, exigiendo que la Fiscalía y la Contraloría aceleren las investigaciones para evitar que la fe pública siga erosionándose en un país donde los procesos judiciales suelen ser eternos.