Estos registros, declarados Monumento Nacional en 2022, son fundamentales para esclarecer los casos de 1.469 personas desaparecidas y 3.200 asesinadas durante el régimen, según cifras oficiales. De los desaparecidos, solo 307 han sido identificados hasta ahora.

Coincidiendo con el Día Internacional de los Archivos, el gobierno también dio a conocer la creación de un banco público de ADN, una medida destinada a identificar a los cerca de 20.000 menores que fueron adoptados ilegalmente durante la dictadura, en muchos casos tras engaños a madres jóvenes y vulnerables, quienes fueron informadas falsamente de la muerte de sus bebés.

Este sistema, inspirado en iniciativas como la de las Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, permitirá a personas con dudas sobre su origen consultar la base genética sin necesidad de procesos judiciales.

Sin embargo, el anuncio, realizado en la reciente cuenta pública de Boric, carece aún de plazos claros, lo que genera escepticismo entre las víctimas, como María Inés Soto, quien recuerda el fracaso de un proyecto similar en 2020 bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

Organizaciones como la Fundación Hijos y Madres del Silencio, representada por Marisol Rodríguez, celebran la iniciativa, pero exigen que el banco de ADN esté operativo antes del fin del mandato de Boric en marzo de 2026. “Es un avance, pero debe concretarse”, afirmó Rodríguez, quien busca a su hermano, separado de su familia en 1972.

Pese a la relevancia de estas medidas, la acción llega en los últimos meses de la gestión de Boric, cuando las demandas de los familiares de las víctimas han sido una constante desde el inicio de su mandato en 2022. Este retraso pone en duda el compromiso del gobierno con una reparación oportuna, dejando un sabor agridulce en un proceso que busca sanar heridas de más de tres décadas.