La iniciativa, impulsada por parlamentarios que parecen no entender el desencanto ciudadano, incluye excepciones tan obvias como estar enfermo, fuera del país o a más de 200 kilómetros del local de votación.

También se contemplan “funciones específicas” que eximirían del castigo, aunque no queda claro cuáles son. Para quienes quieran evitar el calvario judicial, se ofrece un pago anticipado de 0,5 unidades tributarias mensuales tras la notificación de la citación, un consuelo que suena más a extorsión que a incentivo.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, puso un leve freno al entusiasmo punitivo, al anunciar una reserva de constitucionalidad. No porque dude de la validez de la moción, sino porque esta debería haber pasado por la Comisión de Hacienda, dado que implica gasto fiscal.

Un detalle técnico que no cambia el fondo: los parlamentarios insisten en obligar a la ciudadanía a elegir entre opciones que, para muchos, no representan más que un menú de “malo o peor”.

La baja asistencia a las urnas no es un capricho, sino un síntoma. La desconexión entre la clase política y la gente es evidente, y en lugar de construir puentes o propuestas que devuelvan la confianza, los senadores optan por el camino fácil: la amenaza económica.

La crisis de representación sigue sin abordarse, y el Congreso parece más interesado en llenar urnas a la fuerza que en llenar de sentido la democracia.